La votación legislativa tuvo lugar en la sala de pleno, donde discutieron el dictamen que surgió de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para tipificar como delito en el Código Penal, el intentar corregir orientaciones sexuales mediante prácticas de tortura y agresiones psicológicas.
Fue la diputada de Movimiento Ciudadano, Rosa Elena Trujillo Llanes, quien presentó la iniciativa, a solicitud de agrupaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBT.
“En el transcurso de los años diversas organizaciones de la sociedad civil encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos de la coalición LGBTTTIQ+ en México, han denunciado casos de personas que han sido sometidas a lo que se ha llamado ‘Esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género: Ecosig’”.
Mencionó que las terapias de conversión, constan de situaciones que resultan perjudiciales para la persona, pues son agredidas y obligadas a realizar acciones que no desean.
“Dichas prácticas son acompañadas de conductas como la privación de la libertad, torturas, violaciones correctivas, terapias de conversión o repartijas, medicalización de lo cuerpos, violencia económica o rechazo familiar”.
Indicó que los tratados internacionales han velado por que las legislaciones locales salvaguarden los derechos humanos.
“Esta obligación se traduce en prevenir abusos de terceros y hacer frente a barreras para el disfrute de sus derechos de una forma proactiva”.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, por lo que se castigará con de dos a seis años de prisión a quien incurra en dicha práctica. Se duplicará la sanción cuando sea en contra de menores, adultos mayores o personas con discapacidad.